La antesala de una nueva audiencia por el femicidio de Érika Antonella Álvarez se vio alterada por un cambio imprevisto en la representación legal del único acusado, Felipe conocido como El Militar Sosa. El letrado Marcelo Cosiansi anunció ante las partes su decisión de apartarse de la causa, lo que generó un incidente procesal que obligó al tribunal a exigirle explicaciones formales por escrito y a evaluar su conducta profesional.
Cuando el juez Gonzalo Ortega se aprestaba a dar inicio al debate, Cosiansi confirmó su dimisión y argumentó que enfrentaba severas dificultades para llevar adelante su labor. En su exposición, sostuvo que era imposible desarrollar una defensa adecuada debido a las restricciones que el propio imputado imponía, presuntamente condicionado por presiones externas.
Ante este anuncio, el presidente del tribunal le recordó al abogado que las normativas vigentes prohíben a los defensores abandonar sus funciones durante el juicio sin justificar fehacientemente los motivos. Por ello, le exigió detalles sobre los episodios de gravedad que motivaron su salida. Cosiansi mencionó que Sosa le había manifestado recibir amenazas en su lugar de detención, aunque admitió no tener identificados a los responsables, y señaló como detonante un incidente ocurrido el viernes previo, en el cual el acusado habría intentado agredir a su colega Rubén Flores Fares, quien posee una dificultad física.
El magistrado aclaró que el tribunal no podía basar sus decisiones en versiones mediáticas y requirió precisiones directas de los involucrados. Tras escuchar los planteos, Ortega cedió la palabra a Flores Fares, quien confirmó el episodio de violencia pero aseguró que la relación con el imputado era viable para continuar con la representación, solicitando unos minutos para dialogar con Sosa antes de asumir formalmente el caso.
Luego de ese intercambio, el propio acusado manifestó su conformidad con la salida de Cosiansi y la asunción de Flores Fares como su nuevo defensor. Tras un breve cuarto intermedio, los jueces aceptaron el apartamiento del primer abogado, pero le impusieron un plazo para presentar un escrito detallando las razones graves de su renuncia, cuyo contenido será analizado para determinar si corresponde evaluar su conducta profesional.
Conforme al Código Procesal Penal de Tucumán, el abandono injustificado de la defensa durante un juicio puede derivar en un incidente de conducta. El tribunal, integrado por Eliana Gómez Moreira, María Valeria Mibelli y Gonzalo Ortega, cuenta con la facultad de aplicar sanciones que van desde un apercibimiento hasta multas equivalentes a un mes de sueldo de un juez de primera instancia, además de notificar al Colegio de Abogados.
Cerca del mediodía, Cosiansi difundió un escrito en el que rechazó haber incurrido en faltas éticas y defendió su postura. Argumentó que las amenazas sufridas y la agresión hacia su colega justificaban plenamente su apartamiento. Sostuvo que ninguna normativa exige a un profesional soportar agresiones de su propio defendido y concluyó reflexionando sobre el objetivo del proceso judicial, al señalar que la defensa de los derechos de un imputado no debe significar dar la espalda a la verdad, enfatizando que el juicio debe esclarecer lo sucedido con Érika Antonella Álvarez en honor a su familia y su memoria.
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