Nuevos testimonios complican a Felipe Sosa en el juicio por el femicidio de Érika Álvarez
La investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez sumó nuevos elementos que complican la situación procesal de Felipe Sosa, conocido como El Militar y principal imputado por el crimen. Durante la audiencia realizada el pasado miércoles, tres declaraciones clave ante el tribunal expusieron las maniobras realizadas por el acusado entre el 8 y el 9 de enero, en los días posteriores al hecho, que para los investigadores evidenciarían una planificación para entorpecer la causa y concretar su salida de la provincia.
Uno de los testimonios más destacados fue el de Patricio Graels, propietario de un lavadero situado en la intersección de las calles Lola Mora y Perú, en Yerba Buena. El comerciante confirmó que el 8 de enero Sosa llevó hasta el establecimiento su camioneta Volkswagen Amarok para solicitar un servicio de limpieza interior de carácter especial.
De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, ese vehículo habría sido utilizado por el acusado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta el descampado donde posteriormente fue hallado. El testigo indicó que el imputado abonó 21.000 pesos por una limpieza premium que incluyó el lavado, la limpieza y el aspirado profundo de los asientos y de todo el habitáculo, diferenciándolo del servicio básico habitual. Este dato cobró relevancia debido a que los registros de las cámaras de seguridad sugieren que el cuerpo fue llevado en la parte trasera del rodado.
Por su parte, Rodolfo Del Pino, perito contable del Equipo Científico de Investigación Fiscal, expuso el resultado del análisis sobre los movimientos bancarios de Sosa y de su expareja, Justina Gordillo, abarcando el periodo entre el 7 y el 16 de enero. El informe reveló que el 8 de enero el acusado efectuó tres operaciones en distintas entidades bancarias de Tucumán y retiró por ventanilla la suma total de 57 millones de pesos, dinero proveniente de sus empresas que, según sospechan los pesquisas, habría servido para financiar su fuga. En cuanto a Gordillo, el perito detalló que solo se registraron dos acreditaciones correspondientes a su sueldo en el Poder Judicial, totalizando 910.000 pesos, sin que se detectaran transferencias extraordinarias.
Una tercera declaración fundamental fue la de Juan Carlos Yácumo, empleado de una concesionaria de motos. El trabajador explicó que el 9 de enero Sosa acudió al local para retirar una llave, oportunidad en la cual concretó la compra de una motocicleta marca KTM entregando un rodado usado como parte de pago, 4 millones de pesos en efectivo y firmando un documento por un saldo de 10.000 dólares, el cual fue cancelado por el padre del imputado en el mes de marzo.
Yácumo precisó además que, por pedido expreso de Sosa, el vehículo fue inscripto a nombre de Justina Gordillo, quien se encuentra imputada por encubrimiento. El empleado aclaró que se trata de una práctica habitual en el mercado de alta gama y que la adquisición se completó un día antes de que el acusado emprendiera su viaje hacia Buenos Aires, donde finalmente fue arrestado.
Durante la misma jornada declaró Marcos Vidal, dedicado a la compraventa de vehículos, quien indicó que en julio de 2025 Gordillo se comunicó con él para cotizar la moto de Sosa por pedido de este último, reafirmando que el bien pertenecía al principal acusado.
A su turno, la defensa de Justina Gordillo, ejercida por los letrados María Florencia Abdala y Camilo Atim, consideró que la audiencia resultó positiva para sus intereses. Los abogados argumentaron que el dueño del lavadero identificó a Sosa como el mandante de la limpieza y que los peritajes bancarios descartaron extracciones millonarias o transferencias hacia la cuenta de su defendida. Asimismo, insistieron en que fue el propio Sosa quien compró y utilizó la KTM, buscando desvincular a la mujer de cualquier ánimo de lucro que invalide la excusa absolutoria del encubrimiento.
En contraposición, el fiscal Pedro Gallo optó por la prudencia a la espera de nuevas testimoniales, mientras que el querellante Carlos Garmendia, representante de la familia de la víctima, sostuvo que las declaraciones no desvirtúan la acusación contra Gordillo. El debate continuará el próximo miércoles, tras un receso motivado por cuestiones de agenda de los jueces Eliana Gómez Moreira, Gonzalo Ortega y María Valeria Mibelli, oportunidad en la cual comenzarán a declarar los peritos centrales de la causa.
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