Prisión preventiva para Celeste Agüero: el caso que desnuda los límites de la justicia y la falta de abordaje integral en Tucumán
La justicia tucumana dictó cuatro meses de prisión preventiva para Celeste Agüero, una mujer trans de 33 años que acumuló causas por seis episodios de amenazas, agresiones y alteraciones en dependencias judiciales y sanitarias de la capital provincial. La resolución judicial, adoptada a pedido del fiscal Mariano Fernández y firmada por la jueza Isolina Apáz Pérez de Nucci, unificó las investigaciones por hechos ocurridos entre agosto y octubre en la Asistencia Pública, los Tribunales de barrio Sur y la vía pública.
Antes de su traslado al penal de Delfín Gallo, donde cuenta con un sector específico para mujeres trans, la magistrada dispuso que fuera evaluada por el Cuerpo Médico Forense y derivada al Hospital del Carmen. La medida buscó determinar sus necesidades de atención psicológica y psiquiátrica, así como las condiciones adecuadas para su alojamiento, tras un informe de una junta médica que detectó un trastorno de personalidad que, sin embargo, no anulaba su capacidad para comprender y dirigir sus actos.
Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Elías Acuña argumentó que la conducta de la imputada representaba un peligro para trabajadores públicos, fuerzas de seguridad y ciudadanos. La acusación se sustentó en denuncias de policías, autoridades de la Asistencia Pública y de la Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema. Entre los hechos figura el del 7 de octubre, cuando Agüero caminaba semidesnuda cerca de Tribunales y, al ser interceptada, insultó, amenazó de muerte y arrojó piedras a los uniformados. También se le endilgan disturbios el 9 y el 17 de octubre en un juzgado civil de familia, además de agresiones al personal médico y administrativo de la Asistencia Pública registradas a fines de agosto.
La historia de Agüero expone una compleja trama de vulnerabilidad social, consumo problemático y problemas de salud mental. Según relataron allegados y profesionales, fue expulsada de su hogar familiar tras visibilizar su identidad de género, lo que derivó en una prolongada situación de calle que la llevaba a dormir en cajeros automáticos de la zona tribunera, sumado a un historial que incluye dos condenas condicionales por robo y una agresión con cuchillo cometida en 2021 contra una trabajadora gastronómica. En aquel proceso, la defensa intentó declararla inimputable, pero en 2022 recibió una pena condicional y pautas de tratamiento que no lograron encauzar su situación, acumulando además al menos siete incidentes este año que no llegaron a la justicia penal.
El propio fiscal reconoció que el sistema penal resulta insuficiente para dar una solución definitiva y reclamó la intervención de otros organismos estatales. Una mirada similar expresó el abogado Carlos Garmendia, de la Fundación María de los Ángeles, quien consideró la detención como un resguardo tanto para la sociedad como para la propia acusada, tras años de asistencias institucionales infructuosas.
En la vereda opuesta, Cinthya, una compañera de trabajo sexual, criticó que la respuesta estatal se reduzca al encierro carcelario y reclamó una internación sanitaria urgente, advirtiendo sobre las dificultades que impone la falta de redes familiares. Con cuatro meses por delante en el penal de Delfín Gallo, el caso vuelve a poner bajo la lupa la urgencia de coordinar herramientas sanitarias y sociales que eviten que el encarcelamiento sea la única respuesta institucional frente a la crisis de salud mental y exclusión.
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