Miles de tucumanos continúan padeciendo a diario el colapso vehicular en el Acceso Sur, una de las principales vías de ingreso a San Miguel de Tucumán que se encuentra afectada por semáforos lentos, baches y banquinas inexistentes. Esta situación de caos se sostiene desde hace un lustro en la intersección conformada por la ruta nacional 9 y la ruta provincial 306.
El último informe del Tránsito Medio Diario Anual, elaborado por Vialidad Nacional en 2024, registró una circulación promedio de 20.700 vehículos diarios únicamente en los rodados provenientes de la ruta 9. Estas cifras ubican al Acceso Sur como el segundo sector más transitado de todo el territorio provincial, siendo superado únicamente por el tramo que va desde la intersección del Acceso Norte hacia la ruta provincial 315.
Ante la magnitud del flujo vehicular, que vuelve inviable cualquier alternativa como la semaforización actual, el proyecto original preveía una solución estructural. En diciembre de 2021, bajo la gestión gubernamental de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, la licitación nacional para la construcción de un puente y un distribuidor fue adjudicada a la empresa Conorvial SA.
La planificación técnica estableció una intersección sobre nivel, diseñando una vía principal correspondiente a la jurisdicción nacional por la parte inferior y una vía secundaria para la ruta provincial 306 por la superior. La memoria descriptiva de la obra contemplaba transformar el sector en una autopista de cuatro carriles, dividida en dos por sentido de circulación, además de incorporar carriles auxiliares de empalme mediante la ejecución de una segunda calzada. El proyecto también incluía trabajos complementarios y de seguridad vial, tales como la construcción de un puente sobre el río Salí.
En su momento, la iniciativa fue presentada por el entonces gobierno nacional de Alberto Fernández como la etapa inicial de un plan compuesto por tres fases destinadas a concretar la autopista que conectaría Tucumán con Termas de Río Hondo. Sin embargo, las tareas se frenaron durante el presente año y el grado de avance apenas alcanza el 15 por ciento, lo que evidencia que prácticamente no se registraron progresos significativos a lo largo de cinco años.
El pliego licitatorio inicial fijó un presupuesto oficial cercano a los 1.471 millones de pesos, calculados a valores correspondientes al año 2020. Dicha financiación debía completarse mediante un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, estableciendo además un plazo de 24 meses para la culminación de los trabajos que hoy continúan paralizados.
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