Caso avioneta narco en Estación Aráoz: se quiebra el silencio y apuntan a cinco nuevos sospechosos
La investigación federal por narcotráfico vinculada a la caída de una avioneta en la localidad de Estación Aráoz dio un giro sustancial en las últimas horas, luego de que trascendiera que una persona se habría acogido a la figura del arrepentido y aportado nombres que podrían ampliar la lista de implicados. El expediente, que hasta el momento tiene como principales imputados a Mateo Mauricio Bonetti, Silvio Chivo Medina y Ramiro Paradi, podría sumar próximamente a otros cinco sospechosos cuyas identidades ya son analizadas por los investigadores.
La causa se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal y es coordinada por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien encabeza las diligencias para determinar el alcance total de la presunta red criminal. En este marco, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dictó la prisión preventiva para Bonetti, Medina y Paradi, al considerar que existen elementos suficientes para sostener que habrían tenido una participación activa en una organización de carácter transnacional.
Al fundamentar la medida restrictiva de la libertad, el magistrado señaló que las características de los hechos investigados y las conductas endilgadas a los acusados demuestran una capacidad operativa muy superior a la de una banda delictiva de carácter local. Para la Justicia, la estructura narcocriminal operaba con conexiones que exceden los límites de la provincia de Tucumán.
En paralelo al avance sobre los tres detenidos principales, el fiscal Vehils Ruiz profundiza una nueva línea investigativa impulsada por los datos brindados por un presunto colaborador. Esta persona habría señalado a otros cinco individuos que integrarían la misma organización delictiva, aunque por el momento los investigadores decidieron mantener en reserva los nombres y las funciones que habrían cumplido, al tiempo que tampoco se confirmó oficialmente la situación procesal del informante.
Otro de los aspectos que marca el ritmo de la causa es la actitud que mantuvieron los imputados ante los estrados judiciales. Hasta el momento, la mayoría optó por guardar silencio, mientras que aquellos que decidieron hablar se limitaron a negar los cargos formulados en su contra. Esta postura conjunta alimentó entre los investigadores la hipótesis de un posible pacto de silencio, una especulación que carece de confirmación formal en el expediente, teniendo en cuenta que la abstención de declarar es un derecho constitucional que no implica prueba de culpabilidad.
Fuentes vinculadas al caso estiman que la incorporación de nuevos elementos probatorios y la posible imputación de nuevos sospechosos podrían modificar el escenario judicial, lo que eventualmente llevaría a las defensas a evaluar un cambio de estrategia. No obstante, por el momento no se registraron acercamientos formales ni negociaciones con la fiscalía por parte de los detenidos actuales.
En el plano operativo y penitenciario, la situación procesal de los acusados también genera atención. Voces del Servicio Penitenciario indicaron que algunos de los internos alojados en el complejo de Benjamín Paz habrían manifestado cuadros de angustia y depresión desde su ingreso, aunque no se emitieron partes médicos oficiales ni se detalló qué detenidos estarían atravesando estas afecciones.
Las medidas adoptadas por el juez Díaz Vélez y la aparición de nueva información marcaron el inicio de una etapa más compleja en el expediente federal. Mientras Bonetti, Medina y Paradi continúan alojados bajo prisión preventiva, la fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación con el propósito de desarticular por completo la presunta organización transnacional y definir las responsabilidades de cada uno de sus integrantes.
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